Abogados ambientalistas piden al Estado Nacional frenar el proyecto Sea Lion en Malvinas

Fabián Maggi, integrante de la organización Abogados Ambientalistas, expresó su expectativa de que el Estado Nacional mantenga la línea de acción actual y colabore activamente con la Justicia para frenar el proyecto Sea Lion en Malvinas.

La declaración se produce en el marco de un litigio que busca impedir el avance de la exploración y explotación petrolera en la zona, a la que la Argentina considera parte de su territorio.

Maggi señaló que "esperamos que el Estado Nacional mantenga esta línea y colabore con la Justicia para frenar Sea Lion en Malvinas".

El proyecto Sea Lion es impulsado por una empresa británica y contempla la instalación de plataformas de perforación en aguas cercanas a las islas, lo que genera preocupación por sus posibles impactos ambientales en el Atlántico Sur.

Desde la organización ambientalista destacaron que el caso tiene implicancias directas para la soberanía argentina y para la protección de ecosistemas marinos que afectan a la costa patagónica, incluyendo Santa Cruz.

El abogado recordó que el litigio se encuentra en curso en tribunales internacionales y nacionales, donde se cuestiona la legalidad de las licencias otorgadas por el gobierno de las islas Malvinas.

"El Estado Nacional tiene una responsabilidad clave en la defensa de los recursos naturales y la soberanía", agregó Maggi en su declaración.

En Santa Cruz, el desarrollo offshore en Malvinas genera inquietud entre sectores vinculados a la pesca y al turismo, actividades centrales en la economía provincial que podrían verse afectadas por un eventual derrame o contaminación.

Abogados Ambientalistas viene impulsando acciones judiciales que buscan suspender las actividades hasta que se realicen estudios de impacto ambiental completos y se respete el reclamo de soberanía.

La posición del Gobierno nacional en este tema se ha mantenido en los últimos meses, según trascendió de s oficiales, aunque aún no hay definiciones públicas recientes sobre eventuales pasos procesales concretos.

Maggi insistió en que la colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial resulta esencial para que las medidas cautelares que se solicitan tengan efectividad real.

El caso Sea Lion también pone en debate la regulación de la actividad hidrocarburífera en el mar, un tema que en la provincia se sigue con atención por su vínculo con la cuenca del Golfo San Jorge y las regalías que genera la industria petrolera en tierra.

Desde la organización anticiparon que continuarán con las presentaciones judiciales y las campañas de sensibilización sobre los riesgos ambientales del proyecto.