Aparicio presentó proyecto para que el Estado proteja el acceso a luz y gas en Santa Cruz

El diputado provincial por la zona norte, Claudio Aparicio, presentó un proyecto de ley que obliga al Estado santacruceño a intervenir activamente cuando una familia de la provincia corre riesgo de perder el suministro de luz o gas por deudas.

Según el legislador, “el Estado no puede ser un mero espectador” frente a una situación que afecta directamente el acceso a servicios básicos en un contexto de altos costos energéticos y salarios que no siempre alcanzan. La iniciativa busca crear un mecanismo de protección que evite cortes sin antes agotar instancias de mediación y asistencia.

De aprobarse, la norma alcanzaría a usuarios residenciales de todo Santa Cruz, con énfasis en los municipios del norte provincial como Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado, donde la actividad petrolera genera convenios colectivos que regulan parte de los ingresos familiares pero no cubren a todos los trabajadores ni a los jubilados.

El proyecto establece que, ante una notificación de corte por parte de las distribuidoras, el gobierno provincial debe intervenir en un plazo máximo de 48 horas. Esa intervención incluye la posibilidad de subsidios temporarios, planes de pago o refinanciación de deudas, según la situación socioeconómica del hogar.

Aparicio fundamentó la medida en datos de los últimos años: en la cuenca del Golfo San Jorge se registraron cientos de reclamos anuales por suspensiones de servicio, muchos de ellos en barrios periféricos donde el empleo petrolero es intermitente. “Cuando se cae un pozo o se frena una obra, no solo se pierden puestos; también se afecta la capacidad de las familias para pagar las boletas”, explicó.

Desde la oposición y sectores oficialistas consultados, coincidieron en que el acceso a energía es un derecho básico, aunque difirieron en los mecanismos. Mientras Aparicio propone intervención directa del Estado provincial, otras voces plantean que la solución pasa por mayor control sobre las tarifas que fijan las empresas Camuzzi y EDESE.

El texto del proyecto también contempla la creación de un registro provincial de usuarios en situación de vulnerabilidad energética. Ese registro permitiría priorizar la asistencia y evitaría que una misma familia reciba notificaciones simultáneas de corte de luz y gas.

En Santa Cruz, donde la mayoría de las noticias económicas terminan siendo noticias de empleo, la iniciativa de Aparicio se lee como una medida de contención social. s de los gremios petroleros consultadas indicaron que, si bien el convenio colectivo de la actividad incluye algunos beneficios, no alcanza a monotributistas, empleados de comercio ni a miles de trabajadores informales que viven en la zona norte.

El diputado anticipó que buscará consenso en la Legislatura para que el proyecto sea tratado en las próximas sesiones. De convertirse en ley, sería la primera norma provincial que obliga al Estado a actuar preventivamente ante cortes de servicios esenciales.

La propuesta llega en un momento en que el costo de vida en Caleta Olivia y Las Heras muestra aumentos acumulados que superan el 40 % interanual en las boletas de gas y electricidad, según cifras que maneja la Cámara de Comercio local. Un corte de suministro no solo implica incomodidad: en pleno invierno patagónico puede derivar en riesgos sanitarios para niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

Aparicio insistió en que la norma no busca condonar deudas, sino generar un puente para que las familias regularicen su situación sin perder el servicio. “Queremos que el Estado cumpla su rol y no deje solo al vecino frente a la empresa”, resumió.

El proyecto será girado a las comisiones de Legislación General y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados provincial. Su tratamiento dependerá del calendario legislativo de las próximas semanas.