Claudio Vidal denuncia sabotaje en YCRT y remate de tierras en Perito Moreno
El gobernador de Santa Cruz vinculó el descarrilamiento de un tren en Río Turbio con un sabotaje y criticó la entrega de tierras protegidas frente al Glaciar Perito Moreno. La denuncia reaviva el debate sobre empleo y soberanía en la cordillera.
El gobernador Claudio Vidal denunció públicamente un presunto sabotaje tras el descarrilamiento de un tren de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) ocurrido el 14 de octubre de 2026, mientras cuestionó la decisión de avanzar con el remate de tierras protegidas frente al Glaciar Perito Moreno.
Según la información que trascendió desde la Gobernación, el incidente ferroviario en la zona de Río Turbio habría sido intencional. Vidal lo asoció directamente con intentos de desestabilizar la reactivación de la mina de carbón, que emplea a más de 1.200 trabajadores bajo el convenio colectivo de la actividad carbonífera. “No es un accidente aislado, es un sabotaje contra el empleo santacruceño”, afirmó el mandatario provincial en declaraciones recogidas por medios locales.
El hecho se produce en un contexto de fuerte inversión en YCRT, donde el Estado provincial busca sostener la producción de carbón para la generación energética y la exportación. Un descarrilamiento de estas características, que no dejó heridos pero paralizó temporalmente las operaciones, impacta en la logística de más de 200.000 toneladas anuales que se mueven por esa vía.
En paralelo, Vidal criticó la política de “entrega de la Patagonia” que, según su visión, representa el remate de tierras fiscales ubicadas en la zona de El Calafate y el Glaciar Perito Moreno. Estas áreas, consideradas de alto valor ambiental y turístico, están protegidas por leyes provinciales que limitan la venta a privados. El gobernador advirtió que la medida podría afectar a unos 800 puestos de trabajo indirectos vinculados al turismo en la región cordillerana, que representa el 35% del empleo formal en Calafate y sus alrededores.
Desde el sector turístico, cámaras empresarias de El Calafate señalaron que cualquier cambio en el régimen de tierras podría modificar las condiciones de acceso y conservación del glaciar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. “No podemos permitir que se entregue lo que sostiene a miles de familias santacruceñas”, indicaron representantes del sector en la misma jornada.
La denuncia combina dos temas centrales para la provincia: el sostenimiento del empleo en la cordillera y la defensa de los recursos naturales. En Río Turbio y 28 de Noviembre, la actividad carbonífera genera alrededor de 1.800 empleos directos entre YCRT y empresas contratistas. En la zona de Perito Moreno, el turismo basado en el glaciar y los glaciares cercanos mueve anualmente más de 700.000 visitantes y deja un impacto económico superior a los 15.000 millones de pesos.
Vidal exigió una investigación judicial inmediata sobre el descarrilamiento y pidió que se frene cualquier proceso de enajenación de tierras protegidas. “Mientras unos intentan sabotear el trabajo en la cuenca carbonífera, otros rematan la Patagonia frente al glaciar. No lo vamos a permitir”, sostuvo.
Desde la oposición provincial, se cuestionó la falta de precisiones técnicas sobre el supuesto sabotaje y se reclamó que las denuncias se sustenten con peritajes oficiales. Hasta el momento, no se difundieron informes periciales que confirmen la hipótesis del sabotaje.
El doble planteo del gobernador vuelve a poner en el centro del debate santacruceño la relación entre energía, empleo y ambiente. En la cordillera, cualquier decisión sobre YCRT o sobre las tierras fiscales se lee directamente en términos de puestos de trabajo: cada vagón que no circula o cada hectárea que cambia de manos se traduce en ingresos que dejan de ingresar a las familias de Río Turbio, 28 de Noviembre o El Calafate.
Las autoridades de YCRT confirmaron que los trabajos de reparación de la vía ya comenzaron y que se espera retomar las operaciones plenas en los próximos días. Mientras tanto, en la zona de Perito Moreno, organizaciones ambientales y guías de turismo se movilizan para pedir que se mantenga el régimen de protección vigente.