Concejal de Caleta Olivia impulsa ley para proteger familias de cortes de luz y gas por deudas
Carlos Aparicio presentó un proyecto que crea el Régimen Provincial de Protección y Regularización Energética. Busca prohibir cortes de servicios esenciales, eliminar intereses y recargos, y permitir refinanciaciones de hasta 72 cuotas sin superar el 10% del ingreso familiar.
El concejal de Caleta Olivia, Carlos Aparicio, presentó ante la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca crear el “Régimen Provincial de Protección y Regularización Energética” para asistir a familias y pequeños comercios que acumulan deudas por servicios de luz y gas.
La iniciativa, ingresada por mesa de entrada, tiene como objetivo principal prohibir los cortes de suministro en hogares cuya capacidad de pago esté objetivamente afectada. Según el texto, durante el período de protección energética, las dificultades de pago no podrán ser motivo exclusivo para interrumpir el servicio si el usuario está incorporado o en trámite de incorporación al régimen.
Antes de disponer cualquier corte, las prestadoras deberán notificar la deuda, informar sobre la existencia del régimen, ofrecer alternativas de regularización y dar oportunidad al usuario para que acredite su situación económica. El proyecto busca que la discusión llegue a la Cámara de Diputados desde la zona norte de la provincia.
“Desde Caleta Olivia queremos gestionar ante la Legislatura para que esta problemática pueda ser tratada y trabajada. Hoy hay familias que tienen que elegir entre pagar una factura de luz o gas y cubrir otras necesidades básicas”, sostuvo Aparicio.
Uno de los ejes centrales es el tratamiento de las deudas acumuladas. El proyecto establece que se tome como base solo el capital correspondiente a los consumos efectivamente facturados. Elimina, respecto de la obligación regularizada, los intereses por mora, recargos, gastos administrativos, intimaciones, cargos de suspensión y reconexión, y la capitalización de intereses.
El capital podrá refinanciarse en hasta 72 cuotas mensuales, sin intereses de financiación ni capitalización. La cuota no podrá superar el 10% del ingreso familiar neto mensual ni el 20% del promedio de las facturas de energía eléctrica y gas, aplicándose siempre el límite que resulte menor.
Además, el proyecto crea la “Tarifa Social Energética Provincial”, un régimen focalizado y progresivo que se determinará según el “esfuerzo energético del hogar”: a mayor esfuerzo, mayor intensidad de la asistencia. Este beneficio alcanzará también a micro y pequeñas empresas, pequeños comercios, cooperativas de trabajo, monotributistas, trabajadores independientes y emprendimientos familiares con actividad efectiva en Santa Cruz.
Para estas unidades económicas, la regularización de deudas se contempla en hasta 48 cuotas mensuales, también con eliminación de intereses y recargos derivados de la mora.
Para financiar estas medidas, se propone crear el “Fondo Provincial de Protección Energética”. Estará integrado por partidas presupuestarias, regalías hidrocarburíferas asignadas específicamente a esta finalidad, multas vinculadas al régimen, aportes nacionales, recursos del Tesoro Provincial, recuperos y fondos de convenios.
El proyecto incorpora mecanismos de transparencia: información clara en las facturas, intervención de Defensa del Consumidor y la obligación de presentar un informe semestral ante la Cámara de Diputados.
“Nadie quiere un Estado espectador”, señaló Aparicio. Agregó que la discusión no pasa por dejar de pagar los servicios, sino por reconocer la realidad económica que atraviesan muchas familias y generar condiciones que permitan cumplir con esas obligaciones sin quedar atrapadas en una deuda permanente.
El concejal remarcó que en Santa Cruz el acceso a la energía y al gas va mucho más allá de una factura. “Contar con nuestros servicios de energía y de gas no es un privilegio. Es hasta un derecho humano”, afirmó. Cuestionó además el rol del Estado: “No podemos tener un Estado que mire de costado. Necesitamos que asuman la responsabilidad que tienen hoy, que es cuidar a la familia santacruceña”.
Aparicio puso el foco en las herramientas ya existentes en la provincia, como Servicios Públicos y Distrigas, que “nacieron con una función” y deben cumplirla. “Queremos un Estado que camine junto con el vecino, un Estado que esté preocupado en el vecino”, concluyó.
Adaptado de Voces y Apuntes.