Provincia

En Santa Cruz una familia tipo necesita más de 1,2 millón de pesos para no ser pobre

Según los últimos datos del INDEC, la canasta básica total en la provincia supera los 1.250.000 pesos. La indigencia se ubica por encima de los 600 mil pesos mensuales. El salario mínimo y las jubilaciones mínimas quedan muy por debajo de esos umbrales.

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Canasta de mimbre con pan, leche, fideos y verduras sobre una mesa
(CC BY 4.0 — libre difusión con atribución a Q Company)

Una familia de cuatro integrantes en Santa Cruz necesita percibir ingresos por encima de 1.250.000 pesos mensuales para no caer bajo la línea de pobreza. Esa es la estimación que surge de la última medición de la canasta básica total que difunde el INDEC y que el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) de Santa Cruz adapta a la realidad local.

El valor de la canasta básica alimentaria, que marca el umbral de indigencia, se ubicó en septiembre de 2026 en torno a los 620.000 pesos para un hogar tipo compuesto por dos adultos y dos niños. Ambas cifras representan un incremento de aproximadamente 4,5 por ciento respecto de los valores de agosto.

En Río Gallegos el costo de vida se mantiene por encima de la media nacional. s del IPEC indicaron que el rubro alimentos y bebidas subió 5,2 por ciento en el último mes, mientras que los servicios públicos y el transporte mostraron incrementos cercanos al 4 por ciento.

El salario mínimo, vital y móvil se ubica actualmente en 320.000 pesos. Una familia que dependa de dos sueldos mínimos apenas supera los 640.000 pesos, monto que apenas alcanza para cubrir la canasta alimentaria pero deja sin margen para vivienda, transporte, salud o educación.

En el sector público provincial, el sueldo básico de un empleado administrativo sin antigüedad ronda los 380.000 pesos. Con presentismo y antigüedad puede llegar a 520.000 pesos. Aun con dos ingresos de ese nivel, el hogar quedaría bajo la línea de pobreza según los parámetros nacionales y provinciales.

Las jubilaciones mínimas se encuentran en 280.000 pesos. Un matrimonio de jubilados que cobre la mínima y no tenga otros ingresos estaría en situación de indigencia, según los mismos cálculos.

En el interior de la provincia la situación es aún más compleja. En localidades como Pico Truncado, Las Heras o Puerto Deseado, donde el empleo petrolero y los salarios de la construcción son más volátiles, el porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza supera el promedio provincial.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que realiza mediciones propias, estimó que en el segundo trimestre de 2026 la pobreza en Santa Cruz afectó al 38,4 por ciento de la población, mientras que la indigencia alcanzó el 9,2 por ciento. Ambas cifras muestran un leve descenso respecto de igual período del año anterior, pero siguen siendo elevadas para una provincia con altos ingresos por regalías hidrocarburíferas.

Desde la Gobernación señalaron que "el aumento de las asignaciones familiares y el bono de fin de año para estatales buscan compensar el impacto de la inflación". El ministro de Economía, en declaraciones recogidas por esta redacción, indicó que "la coparticipación federal y los recursos propios permiten sostener políticas de contención".

En la oposición, legisladores del bloque radical y del Frente de Izquierda coincidieron en que "sin una recomposición salarial de fondo y sin control de precios en la canasta familiar, las estadísticas seguirán mostrando una brecha cada vez mayor entre lo que se necesita y lo que se cobra".

El próximo dato de pobreza del INDEC, correspondiente al segundo semestre de 2026, se conocerá en diciembre. Analistas locales anticipan que la devaluación post Paso y el ajuste en tarifas de servicios tendrán un impacto directo en los valores de las canastas para el último trimestre del año.

Mientras tanto, organizaciones sociales y sindicatos como la CTA Autónoma y ATE Santa Cruz vienen relevando el costo real de la canasta en diferentes puntos de la provincia. Sus mediciones arrojan valores hasta 15 por ciento superiores a los oficiales, principalmente por el precio de la carne, los lácteos y los alquileres en las ciudades cabeceras.

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