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Fijan para marzo de 2027 el juicio oral contra Fernando Españón por falsificación de documentos

El exfuncionario y cuatro acusados enfrentarán el debate oral por los delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad. La causa se ventilará en el Tribunal Oral en lo Penal de Río Gallegos a partir del 1 de marzo de 2027.

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Sala de audiencias vacía con estrado elevado y bancos de madera
(CC BY 4.0 — libre difusión con atribución a Q Company)

El Tribunal Oral en lo Penal de Río Gallegos fijó para el 1 de marzo de 2027 el inicio del juicio oral y público contra Fernando Españón y cuatro personas acusadas de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad.

La decisión fue comunicada este miércoles a las partes. Españón, quien ocupó cargos en la administración provincial durante la gestión anterior, llegará al debate como principal imputado junto a un exdirector de Rentas, un contador y dos empleados administrativos.

La causa investiga la presunta adulteración de certificados y actas para regularizar deudas impositivas de terceros. Según la acusación, los documentos falsos permitieron condonar obligaciones por varios millones de pesos entre 2018 y 2019.

El fiscal de instrucción había requerido la elevación a juicio en 2022 tras recolectar pericias caligráficas y contables. La defensa de Españón pidió la nulidad de varias medidas de prueba, pero el Tribunal rechazó los planteos y confirmó el envío a debate.

Los cinco acusados enfrentan cargos por los delitos de falsificación de documento público, abuso de autoridad y falsedad ideológica. La pena prevista en el Código Penal para estos hechos oscila entre dos y ocho años de prisión.

La instrucción duró más de tres años. Incluyó allanamientos en oficinas de la Dirección General de Rentas y en domicilios particulares. Se secuestraron computadoras, carpetas con expedientes y discos rígidos que fueron peritados.

Desde la querella, que representa al Gobierno provincial como damnificado, indicaron que la maniobra habría generado un perjuicio superior a los 45 millones de pesos al erario provincial. Esa cifra representa casi el doble de lo estimado en 2021, cuando se elevó la causa.

La defensa de los imputados sostiene que los documentos fueron emitidos dentro de procedimientos administrativos regulares y que no existió dolo ni perjuicio al Estado. “Se trata de interpretaciones distintas de una misma norma tributaria”, expresó uno de los abogados en una audiencia previa.

El juicio se desarrollará bajo la modalidad semipresencial. Se espera que declaren más de 20 testigos, entre ellos exfuncionarios de Rentas, contribuyentes involucrados y peritos oficiales.

La fijación de la fecha se produce en un momento en que la Legislatura provincial debate modificaciones a la ley de ética pública. s del oficialismo señalaron que el caso Españón es uno de los expedientes que motivaron la iniciativa para endurecer los controles internos en los organismos recaudadores.

El Tribunal dispuso que las audiencias se inicien a las 9 de la mañana y se extiendan hasta las 13, de lunes a viernes. Se prevé que el debate se prolongue al menos durante cuatro semanas.

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