Georgion: el Estado debe prevenir, acompañar y articular ante la ley penal juvenil
El ministro de Desarrollo Social de Santa Cruz criticó la falta de debate previo a la aprobación de la Ley 27.801 pero aseguró que se implementará con trabajo coordinado entre los tres poderes y las familias.
El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, Sebastián Georgion, afirmó que el Estado debe priorizar la prevención, el acompañamiento y la articulación para aplicar la nueva ley penal juvenil en la provincia.
Georgion diferenció su opinión personal de la responsabilidad institucional. "Es una ley a la cual le faltó debate y que, lamentablemente, fue aprobada. Si me preguntan si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo; pero, así como fue aprobada, tiene que llegar y debe ser implementada en cada provincia", explicó el 7 de noviembre de 2026.
El funcionario remarcó que la norma nacional, vigente desde hace poco tiempo, exige un esfuerzo coordinado entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, junto con las familias. Destacó la reciente apertura mostrada en el Consejo Provincial de Niñez realizado en Gobernador Gregores, donde referentes de la Justicia expusieron y debatieron con las áreas sociales.
"En algún momento la Justicia se sentaba solamente a juzgar y no a entender que forma parte de uno de los poderes del Estado, y que esto lo tenemos que construir y anticipar", sostuvo Georgion.
La Ley 27.801 crea un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos. Deroga la Ley 22.278 de 1980, que rigió durante más de cuatro décadas bajo un modelo tutelar incompatible con los estándares constitucionales e internacionales.
Entre sus principales características se destacan la responsabilidad penal desde los 14 años con un sistema diferenciado del de adultos, procesos y operadores especializados (jueces, fiscales, defensores y equipos capacitados), y la promoción de medidas alternativas a la privación de la libertad como reparación del daño, prestación de servicios a la comunidad, reglas de conducta y monitoreo electrónico.
El régimen busca garantizar el debido proceso, respetar la Convención sobre los Derechos del Niño y promover la responsabilización, educación, resocialización e integración social de los adolescentes, al mismo tiempo que protege a las víctimas.
Georgion insistió en que el desafío provincial pasa por construir una articulación real que ponga el foco en la contención integral de los jóvenes en conflicto con la ley.