Gobierno de Santa Cruz endurece controles en Zona Norte por irregularidades en seguridad e higiene
El Ministerio de Trabajo clausuró provisoriamente las instalaciones de la empresa Clear en Pico Truncado y Las Heras tras detectar fallas en seguridad, higiene y normas ambientales. El secretario Santillán aseguró que las medidas buscan proteger a los trabajadores y no perjudicar a las petroleras.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz dispuso la clausura provisoria de las instalaciones de la empresa Clear en Pico Truncado y Las Heras luego de detectar irregularidades en materia de seguridad e higiene y en el cumplimiento de normas ambientales.
Según detallaron desde la cartera laboral, las inspecciones se realizaron en el marco de una política de profundización de controles en la cuenca del Golfo San Jorge. En Cañadón Seco las actuaciones continúan y las autoridades anunciaron que recorrerán también el yacimiento operado por la misma firma.
El secretario de Trabajo, Juan Manuel Santillán, afirmó que “no es en contra de las empresas, es a favor del trabajador”. La frase resume el enfoque que el Gobierno provincial busca dar a estas fiscalizaciones: garantizar condiciones dignas de labor en un sector que emplea a miles de santacruceños.
En Pico Truncado y Las Heras, las clausuras provisionales afectan directamente a las operaciones de servicio de Clear, aunque desde la provincia indicaron que se trata de medidas preventivas que se levantarán una vez que se subsanen las observaciones. No se precisó el número exacto de trabajadores que quedaron momentáneamente sin tareas en cada sitio, pero en la zona norte el sector de servicios petroleros ronda los 1.200 puestos directos según datos habituales del gremio petrolero.
Los controles abarcan tanto el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo de Petróleo y Gas que rige para la actividad como las normas provinciales de seguridad e higiene y las exigencias ambientales. En la misma inspección se verificaron aspectos como el estado de los equipos de protección personal, la señalización de riesgos y el tratamiento de efluentes.
Santillán explicó que el objetivo es evitar que las fallas terminen en accidentes laborales o en sanciones mayores que puedan comprometer la continuidad de las operaciones. “Queremos que las empresas trabajen, pero que lo hagan respetando las reglas que protegen la vida de los compañeros”, señaló el funcionario.
Desde la cámara empresaria petrolera de la zona norte manifestaron que están trabajando para corregir las observaciones y confían en que las clausuras sean levantadas en los próximos días. Indicaron que Clear ya presentó un plan de acción para subsanar las irregularidades detectadas en ambas localidades.
La profundización de los controles se da en un contexto donde la actividad petrolera en la cuenca del Golfo San Jorge representa alrededor del 35% del empleo privado registrado de Santa Cruz. Un pozo que se detiene o un servicio que se frena se traduce rápidamente en menos horas trabajadas y en impacto en el consumo local de las ciudades de la zona norte.
En los últimos meses el Ministerio de Trabajo incrementó las inspecciones en yacimientos y plantas de tratamiento. El objetivo declarado es que las empresas mantengan los estándares exigidos tanto por la ley provincial como por los convenios colectivos que rigen para los petroleros, los cuales incluyen recomposiciones salariales atadas a la productividad y a la seguridad.
Desde el gremio petrolero de base en Las Heras y Pico Truncado indicaron que acompañan las medidas siempre que no impliquen pérdida de puestos de trabajo. “Si hay riesgo para los compañeros, hay que pararlo. Pero también hay que cuidar la laboral”, resumieron en una breve declaración.
Las actuaciones en Cañadón Seco siguen en curso. s oficiales indicaron que en las próximas semanas se realizarán inspecciones similares en otros yacimientos de la zona norte con el fin de verificar el cumplimiento integral de las normas de seguridad e higiene y ambientales.
El caso de Clear se suma a otras intervenciones recientes en la cuenca que, según el Gobierno, apuntan a profesionalizar la actividad y evitar que las irregularidades terminen afectando la sustentabilidad de la principal de recursos de Santa Cruz.