Gobierno de Santa Cruz exige a Newmont cumplir inspecciones en Cerro Negro
La provincia intimó a la operadora de la mina aurífera a subsanar los requerimientos surgidos de las fiscalizaciones. Se trata de una de las principales fuentes de empleo en la zona norte, con más de 1.200 trabajadores bajo convenio colectivo petrolero y minero.
El Gobierno de Santa Cruz intimó a la empresa Newmont a cumplir con los requerimientos surgidos de las inspecciones realizadas en la mina Cerro Negro, ubicada al noroeste de la provincia.
Según los datos oficiales, la operación aurífera emplea a más de 1.200 trabajadores directos que se rigen principalmente por el Convenio Colectivo de Trabajo 292/17 del sector minero y por convenios petroleros complementarios. Estos puestos representan una porción significativa del empleo privado en la zona norte de Santa Cruz, donde la actividad extractiva es el principal motor económico.
La medida se formalizó luego de una serie de fiscalizaciones llevadas adelante por los organismos provinciales competentes en materia ambiental, laboral y de seguridad. Las autoridades santacruceñas indicaron que la empresa debe corregir las observaciones detectadas para garantizar el cumplimiento normativo.
Desde el sector empresarial, fuentes cercanas a Newmont señalaron que se encuentran trabajando en la elaboración de un plan de acción para responder a los requerimientos en los plazos establecidos. La compañía opera Cerro Negro desde 2014 y ha invertido más de 1.000 millones de dólares en el proyecto, que produce alrededor de 300.000 onzas de oro al año.
En el ámbito gremial, el Sindicato de Obreros y Empleados Mineros (SOEM) y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) fueron consultados sobre el impacto potencial. Representantes de ambos gremios coincidieron en que cualquier interrupción prolongada en la operación podría afectar no solo a los trabajadores directos sino también a más de 800 contratistas y proveedores locales que dependen de la mina.
“Es importante que se cumplan las normas, pero también que se preserve el nivel de actividad”, indicó un delegado de AOMA consultado por este medio. Del otro lado, un funcionario de la Secretaría de Minería provincial remarcó que “el control no es discrecional: responde a lo que establece la ley provincial de minería y los convenios ambientales específicos”.
Cerro Negro se encuentra en el departamento de Perito Moreno, a unos 300 kilómetros de Puerto Deseado y a 450 de Río Gallegos. Su continuidad es clave para la economía regional, ya que aporta regalías que representan aproximadamente el 8% de los ingresos mineros totales de la provincia.
Desde la Gobernación se aclaró que la intimación no implica el cierre de la operación sino la corrección de los puntos observados. “Queremos que la mina siga produciendo, pero dentro del marco legal”, sostuvieron fuentes oficiales.
El caso se enmarca en un contexto de mayor fiscalización sobre las operaciones mineras en la cuenca, similar a lo ocurrido en los últimos años con otros proyectos auríferos. Los sindicatos mineros vienen reclamando mayor control estatal para garantizar condiciones de trabajo y protección ambiental, mientras las cámaras empresarias piden previsibilidad para sostener las inversiones.
Si los requerimientos no se cumplen en el plazo estipulado, el Gobierno provincial podría aplicar multas que van desde los 5 millones hasta los 50 millones de pesos, según la gravedad de las infracciones, según establece la normativa vigente. Por ahora, ambas partes coinciden en buscar una salida que mantenga la operación activa y los puestos de trabajo.
El conflicto vuelve a poner en la agenda provincial el debate sobre cómo equilibrar la exigencia regulatoria con la necesidad de preservar el empleo en una provincia donde cada pozo, cada boca de pozo o cada mina que se frena se traduce directamente en familias afectadas.