Grasso llevó a Casa de Gobierno un proyecto de ley de coparticipación y pidió un acuerdo provincial

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se reunió este sábado 17 de octubre de 2026 con la gobernadora Alicia Kirchner para entregarle formalmente un proyecto de ley que modifica el régimen de coparticipación provincial.

La iniciativa, presentada el miércoles pasado en la Cámara de Diputados por la legisladora Agostina Mora, busca establecer un nuevo sistema de distribución de recursos entre la provincia, los 15 municipios y las comisiones de fomento. Según el texto, el objetivo es que las comunas reciban un porcentaje mayor de los fondos coparticipables y de regalías hidrocarburíferas para hacer frente a sus obligaciones corrientes.

Grasso explicó que el proyecto fue elaborado en conjunto con intendentes y presidentes de comisiones de fomento de toda Santa Cruz. “No es una propuesta de un solo municipio, es un acuerdo que venimos trabajando hace meses”, señaló durante la reunión en Casa de Gobierno.

En Santa Cruz, la coparticipación actual destina alrededor del 15 % de los recursos provinciales a los municipios. El nuevo régimen propuesto elevaría ese piso al 25 %, porcentaje que se financiaría principalmente con una mayor participación en el impuesto a los Ingresos Brutos y en las regalías petroleras que percibe la provincia por la producción del Golfo San Jorge.

La iniciativa también contempla la creación de un fondo de convergencia para los municipios más pequeños y con menor recaudación propia, como los del interior, que dependen casi exclusivamente de la transferencia automática. Según datos del Ministerio de Economía provincial, Río Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado concentran más del 60 % de la recaudación municipal, mientras que varias comunas del oeste y el norte apenas logran cubrir salarios con lo que reciben.

Durante el encuentro, Grasso llamó a “construir un acuerdo provincial” que trascienda las diferencias políticas. “Todos sabemos que cuando se cae un pozo petrolero o se frena una obra, se pierden empleos en los municipios. Este proyecto busca darles previsibilidad a las comunas para que puedan sostener servicios y empleo público”, expresó.

La gobernadora Kirchner recibió la carpeta y se comprometió a analizarla en detalle junto a su equipo económico. Fuentes de Casa de Gobierno indicaron que el Ejecutivo evaluará el impacto fiscal de la reforma antes de definir una posición, ya que una mayor coparticipación a municipios implicaría una reducción de recursos para el presupuesto provincial, que ya enfrenta tensiones por el pago de salarios estatales y el financiamiento de YCRT y las represas.

El proyecto ingresado por Mora cuenta con el respaldo de varios bloques de la oposición y de algunos diputados oficialistas del interior. En los próximos días se espera que comience su tratamiento en comisión, donde se escucharán las posiciones de los intendentes y de los gremios municipales como AMM y ATE.

En la reunión también estuvieron presentes el ministro de Economía provincial y el secretario de Ingresos Públicos. Grasso insistió en que el debate debe darse con números concretos: cuántos trabajadores municipales dependen de cada comuna, qué porcentaje de sus presupuestos cubren con recursos propios y cuánto perderían si no se modifica el régimen actual.

La discusión sobre coparticipación no es nueva en Santa Cruz. Desde 2019, varios municipios vienen reclamando una actualización del porcentaje, argumentando que el crecimiento de la planta de personal y el aumento de costos operativos (especialmente en energía y combustibles) los dejaron al límite. El año pasado, tres comisiones de fomento del norte provincial debieron pedir adelantos del tesoro para pagar sueldos.

La propuesta que ahora está sobre la mesa de la gobernadora incluye una cláusula de ajuste anual según la variación de la recaudación provincial y un mecanismo de compensación transitoria para que la provincia no vea resentidos sus compromisos con los gremios estatales y los proveedores.

Desde el municipio de Río Gallegos destacaron que el intendente no busca imponer el texto tal cual, sino que sirva de base para una negociación que incluya a todos los actores. “Queremos un acuerdo que dure varios años y que no dependa de quién gobierne”, afirmaron.

El tratamiento legislativo se perfila como uno de los temas centrales de las próximas semanas en la Cámara de Diputados. Si se aprueba, el nuevo régimen de coparticipación comenzaría a regir a partir del 1° de enero de 2027, según establece el proyecto.