La Justicia frenó la inscripción de la venta de tierras en Península y elevó la causa a la Corte Suprema

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, dictó este viernes 16 de octubre una resolución que frena la inscripción registral de la polémica venta de tierras en Península autorizada por el Gobierno provincial.

En una primera resolución sobre el amparo colectivo presentado por cuatro diputados provinciales y una organización civil, Vázquez ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble que no inscriba transferencias de dominio ni ningún otro acto registral vinculado a esos inmuebles hasta nuevo pronunciamiento.

La medida alcanza directamente a la operación inmobiliaria que había sido impulsada desde el Ejecutivo santacruceño y que generó fuerte rechazo en sectores políticos y ambientales de la provincia. Según los datos que manejan las partes, se trata de miles de hectáreas ubicadas en la zona de Península, un área de alto valor ecológico y estratégico por su proximidad al litoral atlántico.

Además de la cautelar, el magistrado resolvió declarar la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y elevó las actuaciones al máximo tribunal. De esta manera, la causa pasa a ser tratada directamente en el fuero federal superior, lo que podría definir un precedente sobre la titularidad y el destino de tierras fiscales en Santa Cruz.

Los amparistas sostienen que la operación viola normativas provinciales y nacionales referidas a la enajenación de tierras públicas, al manejo de recursos naturales y a la participación ciudadana en decisiones de esta magnitud. En el escrito presentaron documentación que, según ellos, demostraría irregularidades en el proceso administrativo que habilitó la venta.

Desde el Gobierno provincial, en tanto, se ha defendido la legalidad de la operación argumentando que se ajusta a las facultades que otorga la legislación vigente y que busca generar ingresos para las arcas provinciales en un contexto de fuerte restricción presupuestaria. Fuentes oficiales indicaron que la transacción involucra a inversores privados y que las regalías o contraprestaciones económicas previstas superan varios cientos de millones de pesos.

La resolución de Vázquez incluye un plazo perentorio para que las partes se manifiesten y también ordena notificar de inmediato al Registro de la Propiedad Inmueble, al Gobierno de Santa Cruz y a la Fiscalía Federal. Hasta que la Corte Suprema resuelva sobre su competencia y el fondo del asunto, la medida cautelar se mantendrá vigente.

En Santa Cruz, donde toda discusión sobre tierras fiscales termina impactando en empleo, recursos y desarrollo territorial, esta decisión judicial genera expectativa tanto en los municipios del interior como en los gremios y cámaras empresarias. La Península forma parte de un corredor que incluye actividades turísticas, pesqueras y potenciales proyectos energéticos; cualquier definición sobre su titularidad afecta directamente a trabajadores de la zona y a las comunidades aledañas.

La causa ahora queda en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si acepta la competencia originaria y, en caso afirmativo, analizar el fondo de la cuestión: si el Gobierno provincial podía disponer de esas tierras sin una ley específica de la Legislatura y sin una evaluación ambiental previa de mayor profundidad.

Mientras tanto, la prohibición de inscribir la venta impide que los compradores puedan registrar a su nombre los inmuebles, lo que deja la operación en suspenso y abre un período de incertidumbre sobre el futuro de la zona.