Mariel Suárez denunció violencia institucional tras el escándalo por el recreo de los presos

La jueza de Ejecución Penal Mariel Suárez rompió el silencio el pasado domingo y denunció que sufre “violencia institucional” a raíz de las críticas recibidas por haber autorizado recreos pó internos del Complejo Penitenciario de Río Gallegos.

Suárez, quien en 2023 se hizo conocida nacionalmente como “la jueza del beso” tras besar a un condenado en la sala de audiencias, brindó declaraciones exclusivas al medio local La Opinión Austral.

“Estoy sufriendo violencia institucional por parte de sectores que no aceptan que se aplique la ley”, afirmó la magistrada, según la publicación del domingo 20 de septiembre de 2026.

La controversia se desató cuando trascendió que la jueza había concedido salidas recreativas diurnas a un grupo de presos condenados. Las imágenes de los internos fuera del penal generaron repudio en redes sociales y cuestionamientos desde sectores de la oposición provincial.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz indicaron que las salidas se realizaron bajo estricto protocolo de monitoreo electrónico y que no se registraron incidentes. “Los beneficiarios cumplen con todos los requisitos que marca la ley de ejecución penal”, señalaron fuentes oficiales consultadas por este diario.

Suárez explicó que las autorizaciones responden a lo establecido en la Ley Nacional 24.660 y en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “No es un capricho mío. Es una facultad judicial que busca la reinserción social”, sostuvo la jueza.

La magistrada detalló que recibió amenazas y mensajes de odio en sus redes personales y que, en los últimos días, se intensificaron las publicaciones que la vinculan con “beneficios a delincuentes”.

“Esto no es libertad condicional ni excarcelación. Son salidas transitorias con retorno obligatorio al penal cada día. Quienes las critican sin leer el expediente están desinformando”, agregó Suárez.

En Santa Cruz, donde el servicio penitenciario depende directamente del gobierno provincial, el caso reabrió el debate sobre el hacinamiento en las cárceles y el rol de los jueces de ejecución. Según datos del Ministerio de Gobierno de 2025, el Complejo Penitenciario de Río Gallegos opera con un 35 por ciento por encima de su capacidad.

Desde la Legislatura provincial, el bloque de oposición presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle cuántas salidas recreativas se autorizaron en los últimos doce meses y cuántas fueron revocadas por incumplimiento.

El secretario de Seguridad provincial, Marcelo Césari, aseguró que “se respeta la independencia judicial” pero pidió “mayor prudencia” en las decisiones que impactan en la percepción de seguridad de los vecinos de Río Gallegos.

Suárez, en tanto, ratificó que seguirá aplicando la normativa vigente. “No voy a dejar de cumplir con mi rol por presión mediática o política. La violencia institucional existe y la estoy padeciendo”, concluyó.

El caso continúa abierto y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre los internos beneficiados y los fundamentos de cada resolución judicial.