Minería inspeccionó el proyecto Don Nicolás en el marco de controles provinciales

La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería de la provincia de Santa Cruz, realizó días atrás una inspección técnica en el proyecto Don Nicolás.

La recorrida incluyó distintos sectores operativos del emprendimiento, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas ambientales, de seguridad y laborales que rigen la actividad minera en la cuenca. Según los datos oficiales, el proyecto Don Nicolás emplea a alrededor de 350 trabajadores bajo el convenio colectivo del sector minero.

Estas inspecciones forman parte de las tareas periódicas de control y fiscalización que lleva adelante el Gobierno Provincial. En Santa Cruz, donde la minería representa una fuente clave de empleo en el interior, cada fiscalización se traduce en la revisión de procesos que impactan directamente en la continuidad de los puestos de trabajo y en la sustentabilidad de las operaciones.

Durante la visita, los técnicos evaluaron aspectos como el manejo de residuos, el uso de agua, las medidas de seguridad en planta y el estado de las instalaciones. El proyecto Don Nicolás, ubicado en el norte provincial, produce oro y plata y forma parte del mapa productivo que sostiene la economía de municipios como Perito Moreno y Los Antiguos.

Desde la Secretaría indicaron que el informe de la inspección se está elaborando y será elevado a las autoridades del Ministerio. En caso de detectarse observaciones, se fijarán plazos para su corrección, tal como ocurre en otros yacimientos de la provincia.

En el último año, el sector minero santacruceño ha mantenido niveles de empleo estables pese a las fluctuaciones internacionales del precio de los metales. Según cifras del propio Ministerio, la actividad genera alrededor de 4.200 puestos directos en toda la provincia, cifra que se multiplica cuando se considera la cadena de proveedores locales.

La inspección en Don Nicolás se suma a otras realizadas recientemente en proyectos de la cordillera y la zona norte, en línea con la política provincial de fortalecer el control estatal sobre las operaciones extractivas. Desde los gremios mineros consultados, se valoró la presencia del equipo técnico provincial, aunque reiteraron el pedido de mayor celeridad en la resolución de las observaciones que surjan.

Para los trabajadores de la zona, estos controles representan una garantía de que las operaciones se mantengan dentro de los estándares requeridos, evitando suspensiones o paralizaciones que impacten en el bolsillo familiar. En una provincia donde cada pozo, cada represa o cada mina se lee en clave de empleo, la fiscalización no es un trámite administrativo: es la confirmación de que el yacimiento sigue operativo.