Polémica en Río Gallegos por la jueza que difundió horarios del estudio de su marido por WhatsApp
Griselda Bard, magistrada del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Gallegos, envió un mensaje a contactos profesionales promocionando los horarios de atención del estudio jurídico de su esposo. La difusión generó cuestionamientos éticos y podría derivar en una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
La jueza Griselda Bard, titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de la capital santacruceña, se encuentra en el centro de una polémica tras difundir a través de WhatsApp los horarios de atención del estudio jurídico que dirige su marido.
El mensaje, enviado a un grupo de contactos vinculados al ámbito profesional y judicial, invitaba a agendar turnos en el estudio privado ubicado en el centro de Río Gallegos. Según trascendió, el texto incluía detalles precisos de días y horarios de atención, lo que generó inmediato rechazo entre abogados y funcionarios que recibieron la comunicación.
En Santa Cruz, donde el Poder Judicial enfrenta permanentes demandas de transparencia, este tipo de acciones son vistas con especial sensibilidad. Fuentes consultadas por este medio indicaron que el hecho podría interpretarse como un aprovechamiento de la posición institucional de la magistrada para favorecer la actividad privada de su cónyuge.
Hasta el momento, ni la jueza Bard ni el Consejo de la Magistratura de la provincia emitieron declaraciones oficiales sobre el episodio. Sin embargo, varios letrados de Río Gallegos confirmaron haber recibido el mensaje y expresaron su sorpresa por el método utilizado.
El estudio jurídico en cuestión atiende causas de diversa índole, aunque no se especifica si se trata de materias que podrían cruzarse con las competencias del juzgado penal que dirige Bard. En la provincia, el convenio colectivo de los trabajadores judiciales y los códigos de ética del Poder Judicial establecen límites claros respecto del ejercicio simultáneo de funciones públicas y privadas para evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses.
Abogados consultados coincidieron en que, más allá de la legalidad estricta, la difusión directa desde el teléfono de una jueza en ejercicio genera una “sensación de presión” en potenciales clientes. “Cuando te llega un mensaje así de una magistrada, automáticamente pensás en posibles ventajas o desventajas si no tomás el servicio”, señaló un penalista que prefirió no ser identificado.
Desde el Colegio de Abogados de Santa Cruz aún no se pronunciaron formalmente, pero trascendió que algunos miembros evalúan presentar una nota de consulta o incluso una denuncia ante el organismo que regula la conducta de los magistrados.
En Río Gallegos, donde la actividad judicial impacta directamente en la vida de miles de vecinos que tramitan causas laborales, previsionales y penales, este tipo de situaciones alimentan el debate sobre la independencia y la ética en el ejercicio de la magistratura. Según datos del propio Poder Judicial, el Juzgado de Instrucción Nº 1 que encabeza Bard tramita más de 1.200 causas al año, lo que representa alrededor del 22% de la carga penal de la ciudad.
El caso se da en un contexto provincial donde la discusión sobre incompatibilidades y declaración jurada de intereses de funcionarios y magistrados volvió a tomar fuerza tras las últimas paritarias y reformas administrativas impulsadas por el gobierno de Claudio Vidal.
Por ahora, la jueza Bard continúa en funciones y no se ha confirmado ninguna medida administrativa. El Consejo de la Magistratura, organismo que debe investigar este tipo de denuncias, sesiona de manera ordinaria los primeros martes de cada mes en Río Gallegos. Si se formaliza alguna presentación, podría incluirse en la agenda de noviembre.
Vecinos y operadores judiciales consultados coinciden en que el episodio refuerza la necesidad de mayores controles y mayor transparencia en el vínculo entre la función pública y las actividades privadas de los integrantes del Poder Judicial santacruceño.