Proyecto de ley sobre ecocidio genera alerta en Santa Cruz por impacto en seguridad jurídica

El proyecto de ley que busca incorporar la figura de ecocidio al Código Penal argentino generó preocupación entre sectores productivos y jurídicos de Santa Cruz, que alertan sobre posibles riesgos para la seguridad jurídica y el estado de derecho en la provincia.

La iniciativa, que se debate en el Congreso nacional, propone tipificar como delito penal conductas que causen daños graves y extensos al medio ambiente. Sin embargo, analistas locales señalan que la redacción actual es demasiado amplia y podría alcanzar actividades económicas legítimas que son centrales para la economía santacruceña.

En Santa Cruz, donde la minería, la explotación hidrocarburífera, la ganadería ovina y los proyectos energéticos representan una parte significativa del empleo y la recaudación provincial, la posible aplicación de esta figura genera incertidumbre. Funcionarios del sector minero consultados indicaron que la vaguedad de los términos podría exponer a empresas y trabajadores a denuncias penales por operaciones que cumplen con todas las regulaciones ambientales vigentes.

"El problema no es proteger el ambiente, que todos compartimos, sino la forma en que se pretende hacerlo a través del derecho penal", explicó un especialista en derecho ambiental con ejercicio en Río Gallegos. Según su análisis, el proyecto no delimita con precisión los umbrales de daño ni distingue entre conductas dolosas, culposas o meros incumplimientos administrativos.

La cuenca carbonífera de Río Turbio, los yacimientos de la zona norte y los proyectos vinculados al río Santa Cruz son algunos de los ámbitos que podrían verse directamente afectados. En El Calafate y la cordillera, donde el turismo convive con actividades extractivas, también se teme que la norma complique la gestión de pasos fronterizos y el desarrollo de infraestructura.

Desde la Legislatura provincial, legisladores de diferentes bloques coincidieron en que Santa Cruz debe participar activamente en el debate nacional para que la eventual ley contemple las particularidades de las provincias patagónicas. "No podemos permitir que una norma escrita desde Buenos Aires termine paralizando la principal de trabajo de nuestros pueblos del interior", señaló un diputado por la zona norte.

Especialistas en derecho penal consultados advirtieron que la incorporación de un delito de estas características sin definiciones claras podría vulnerar principios constitucionales como la legalidad, la tipicidad y la proporcionalidad. Además, sostuvieron que el estado de derecho se vería afectado si se utiliza el Código Penal como herramienta para resolver conflictos que deberían tramitarse por la vía administrativa o civil.

En la provincia, donde los trámites ambientales ya implican controles rigurosos por parte de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y organismos nacionales, se teme que el nuevo delito genere una superposición de instancias que desaliente inversiones. Esto impactaría directamente en el empleo público y privado, en un contexto donde la temporada turística y la actividad extractiva definen la economía local.

Desde el sector petrolero y minero se pidió que cualquier modificación legislativa incluya garantías explícitas para quienes operan bajo marcos regulatorios aprobados. También solicitaron que se incorpore la participación de las provincias productoras en la definición de los parámetros de daño ambiental.

El debate se da en un momento clave para Santa Cruz, que busca equilibrar la protección de sus recursos naturales con el desarrollo económico sostenible. La definición que se adopte en el Congreso tendrá impacto directo en el bolsillo de los santacruceños, en la generación de empleo y en la viabilidad de proyectos estratégicos para la provincia.