Santa Cruz presentó avances en digitalización del Registro de Deudores Alimentarios en encuentro federal

La provincia de Santa Cruz participó del II Encuentro Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, que reunió a autoridades registrales de todo el país para analizar herramientas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

La delegación local, integrada por representantes de la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales del Ministerio de Gobierno, expuso los avances logrados en la digitalización del Registro Provincial. Este proceso busca agilizar la inscripción, consulta y actualización de deudores, un tema que impacta directamente en la vida de familias santacruceñas, especialmente en contextos donde el empleo petrolero o estatal genera traslados constantes entre localidades de la cuenca y el interior.

Según lo informado por la delegación, la digitalización permite cruzar datos de manera más eficiente con otros registros nacionales y provinciales. Esto es clave porque una deuda alimentaria no saldada puede derivar en la imposibilidad de renovar el DNI, obtener pasaporte o inscribirse en concursos públicos, medidas que afectan el acceso a trabajo formal en una provincia donde el 70 % de la actividad económica depende de la explotación de hidrocarburos, el carbón y la administración pública.

Durante el encuentro se enfatizó la importancia de fortalecer la cooperación entre jurisdicciones. En Santa Cruz, donde muchos trabajadores petroleros rotan entre yacimientos del Golfo San Jorge y operan bajo convenios colectivos de la actividad, la morosidad alimentaria muchas veces se complica por cambios de domicilio o por la dispersión geográfica. Las autoridades destacaron que un registro federal unificado permitiría actuar con mayor rapidez cuando un deudor se traslada de provincia.

El Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos de Santa Cruz ya cuenta con más de 800 inscriptos, cifra que creció un 15 % en los últimos dos años según datos de la Subsecretaría. La digitalización en curso incluye la incorporación de alertas automáticas a organismos como la Administración Federal de Ingresos Públicos y a las cámaras empresarias de la provincia, lo que facilitaría el embargo de haberes en origen.

Participaron del encuentro representantes de más de 20 provincias. Todas coincidieron en que la fragmentación actual de los registros genera demoras que perjudican principalmente a las y los niños y adolescentes. En Santa Cruz, donde el presupuesto provincial destina recursos importantes a políticas de niñez, una mejora en la efectividad del cobro de alimentos se traduce en menos presión sobre los sistemas de asistencia social.

Las autoridades santacruceñas propusieron avanzar en convenios específicos de intercambio de información en tiempo real, especialmente con las provincias patagónicas que comparten dinámicas laborales similares: alta movilidad de trabajadores petroleros, pesqueros y de la construcción. Esto permitiría, por ejemplo, que un deudor inscripto en Río Gallegos no pueda evadir su obligación simplemente mudándose a Comodoro Rivadavia o viceversa.

El II Encuentro Federal sirvió también para analizar actualizaciones normativas. Se discutió la ampliación de las causales de inscripción y la posibilidad de incluir deudas previsionales y de aportes jubilatorios cuando estos impactan en la manutención de hijos. En Santa Cruz, donde el empleo público y los regímenes de YCRT y de las operadoras petroleras representan la mayor parte de los salarios registrados, estas modificaciones tendrían impacto directo.

Desde la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales señalaron que el objetivo es que el Registro Provincial esté completamente digitalizado antes de fin de año. Esto no solo agilizará los trámites internos sino que permitirá una mayor articulación con los juzgados de familia de las distintas circunscripciones judiciales de la provincia, desde Río Gallegos hasta Caleta Olivia y Río Turbio.

El cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias es considerado un pilar de la política social santacruceña. En una economía provincial atada al precio internacional del barril de petróleo y a las paritarias estatales, garantizar que los recursos lleguen a los hogares es una forma concreta de proteger el tejido social cuando se producen caídas en la actividad o suspensiones en los yacimientos.