Santa Cruz reglamentó la Ley de Discapacidad N° 3820
El Gobierno provincial formalizó la reglamentación de la norma en un acto en Casa de Gobierno. El nuevo marco define herramientas, recursos y responsabilidades para su aplicación efectiva en todo el territorio.
El Gobierno de Santa Cruz reglamentó la Ley de Discapacidad N° 3820 mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.
El acto formal se realizó este jueves en la Casa de Gobierno de Río Gallegos, donde se presentaron las herramientas que permitirán aplicar la normativa en los 28 municipios de la provincia.
Según el secretario de Estado de Derechos Humanos, la reglamentación «establece los mecanismos concretos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y fortalece las políticas públicas en ese sentido».
La Ley 3820 fue sancionada en 2022 por la Legislatura provincial. Hasta ahora carecía de la reglamentación que definiera recursos, plazos y responsabilidades de cada organismo.
El decreto reglamentario asigna funciones específicas a los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación y Trabajo, entre otros. También crea un Consejo Provincial de Discapacidad que funcionará como órgano de control y asesoramiento.
En el acto participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, intendentes del interior y funcionarios del Ejecutivo. Desde el Gobierno destacaron que la norma busca «integrar de manera real y efectiva» a las personas con discapacidad en la vida comunitaria.
La reglamentación incluye la obligatoriedad de reserva de cupo laboral del 4% en el sector público provincial y municipal, tal como establece la ley nacional pero con fiscalización local.
Además, se detallan los procedimientos para la certificación de discapacidad, el acceso a prestaciones básicas y la accesibilidad en edificios públicos y transporte.
En Santa Cruz hay más de 18.000 personas con certificado de discapacidad vigente, según datos del Registro Provincial actualizados a julio de 2026. Esa cifra representa un aumento del 12% respecto de 2025.
La reglamentación también prevé la creación de un fondo específico para financiar proyectos de inclusión en municipios del interior, financiado con recursos provinciales y regalías.
Desde las organizaciones de personas con discapacidad presentes en el acto celebraron la medida, aunque pidieron que se avance rápidamente en su implementación efectiva.
El decreto ya está en vigencia y será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial para que comience su aplicación plena.