Santa Cruz destinará 60.000 millones de pesos a plan habitacional y negocia alivio de deudas
El gobierno provincial anunció una fuerte inversión en viviendas para 2026 y mantiene conversaciones con acreedores para reestructurar pasivos. La medida busca responder a la demanda habitacional y aliviar la presión financiera heredada.
El gobierno de Santa Cruz destinará 60.000 millones de pesos a un nuevo plan habitacional que se ejecutará durante 2026.
La cifra representa un incremento del 35% respecto a la inversión habitacional ejecutada en 2025, según los números que circulan en la Legislatura provincial. El anuncio fue realizado desde la Gobernación y se enmarca en la necesidad de reducir el déficit de viviendas que afecta especialmente a Río Gallegos, Caleta Olivia y las localidades del interior.
"Vamos a construir más de 1.200 soluciones habitacionales en toda la provincia", afirmó el ministro de Infraestructura, con despacho en Río Gallegos. La cartera que dirige será la responsable de licitar las obras y de articular con los municipios.
En paralelo, el Ejecutivo provincial negocia un nuevo alivio financiero con sus principales acreedores. La deuda acumulada, que incluye obligaciones contraídas en gestiones anteriores, supera los 120.000 millones de pesos según estimaciones oficiales. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda viajan esta semana a Buenos Aires para avanzar en una reestructuración que permita estirar plazos y reducir la carga de intereses.
"No podemos seguir destinando casi el 20% del presupuesto al pago de deudas mientras la gente espera viviendas", señaló el secretario de Hacienda, en declaraciones recogidas en la Casa de Gobierno. La frase resume la doble agenda que maneja el gabinete provincial: construcción y desendeudamiento.
El plan habitacional contempla fondos provinciales, nacionales y financiamiento internacional. Una parte importante de los 60.000 millones provendrá de regalías hidrocarburíferas, el principal recurso propio de Santa Cruz. El resto se espera que llegue a través de convenios con el gobierno nacional y organismos multilaterales.
En la Legislatura, donde duerme el expediente del presupuesto 2026, diputados de la oposición pidieron que se detalle el cronograma de obras y los mecanismos de control. Desde el oficialismo respondieron que la información se presentará en las comisiones correspondientes antes de fin de mes.
En Río Gallegos, la demanda habitacional es la más alta de la provincia. Barrios como Chacra 8 y 9, y los sectores cercanos al aeropuerto, acumulan años de espera. En la zona norte, Caleta Olivia y Las Heras también reclaman soluciones para familias que viven en barrios irregulares.
El ministro de Infraestructura aseguró que las primeras licitaciones se abrirán antes de diciembre. "No es un anuncio electoral, es una política de Estado", remarcó. La frase busca diferenciar esta iniciativa de planes anteriores que quedaron inconclusos.
La negociación financiera, por su parte, apunta a evitar un default técnico en 2027. Los técnicos provinciales proponen un reperfilamiento similar al acordado en 2023, pero con mayores quitas de intereses. Los acreedores, según trascendidos, piden garantías de coparticipación para aceptar el acuerdo.
Ambas iniciativas –viviendas y alivio de deudas– se discuten en el mismo edificio de la Gobernación. Para los intendentes del interior, el plan habitacional es prioritario porque el empleo en la construcción reactiva economías locales estancadas. Para los contadores públicos, el alivio financiero es condición de posibilidad para sostener cualquier obra.
Desde la oposición, el bloque radical y el peronismo disidente coinciden en que el monto de 60.000 millones es significativo, pero piden que se publique el listado de beneficiarios y los pliegos licitatorios de manera transparente. "No alcanza con anunciar, hay que ejecutar y rendir", dijo la diputada provincial por el PJ, en declaraciones a la prensa local.
El gobierno respondió que todos los procesos serán auditados por la Contaduría General y que los adjudicatarios se definirán por puntaje según el Registro Único de Demanda Habitacional. Ese registro, actualizado en 2026, ya supera las 8.500 familias anotadas en toda la provincia.
La ejecución del plan habitacional dependerá, en gran medida, de cómo cierre la negociación de la deuda. Si se logra un acuerdo favorable, parte de los recursos que hoy van a intereses podrán redirigirse a obras. Si las conversaciones se endurecen, el plan podría demorarse o reducirse.
En Santa Cruz, donde la economía gira en torno a la coparticipación, las regalías petroleras y el empleo público, cada decisión que combine inversión y deuda se sigue con atención. Los 60.000 millones anunciados para viviendas y la renegociación financiera son, por ahora, las dos caras de la misma moneda.