Uno de cada tres dólares del RIGI se invertiría igual sin incentivos en Santa Cruz

Un informe económico reciente determinó que de cada tres dólares que se invertirán bajo el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI), uno se habría concretado igual sin los beneficios fiscales otorgados. Según los datos, el Estado nacional dejará de percibir US$8.493 millones en impuestos por este mecanismo.

El análisis, que pone números al costo fiscal del RIGI, llega en un momento clave para Santa Cruz. La provincia depende fuertemente de la actividad hidrocarburífera en la cuenca del Golfo San Jorge, donde miles de santacruceños trabajan bajo convenios colectivos de la actividad petrolera. Cualquier modificación en el esquema impositivo impacta directamente en las regalías que recibe el distrito y, por ende, en el empleo local.

El RIGI fue aprobado en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Ofrece exenciones impositivas, aduaneras y cambiarias a proyectos de gran escala en sectores como energía, minería e infraestructura. En Santa Cruz, el debate se centra en si estos incentivos realmente generan empleo neto adicional o si simplemente reducen la recaudación sin contrapartida.

De acuerdo con el estudio, aproximadamente el 33% de las inversiones proyectadas bajo el régimen se habrían realizado de igual manera, incluso sin los beneficios. Eso equivale a que el Estado habría “regalado” alrededor de US$8.493 millones en impuestos que, de otro modo, se habrían cobrado. La cifra surge de comparar los proyectos aprobados con escenarios contrafácticos de inversión basados en precios internacionales del petróleo y gas.

En la cuenca del Golfo San Jorge, donde operan empresas bajo convenio con los gremios petroleros, cada pozo nuevo o cada inversión en reactivación de áreas maduras se traduce en puestos de trabajo directos e indirectos. Fuentes de las cámaras empresarias consultadas indican que los incentivos del RIGI podrían acelerar la perforación de nuevos pozos, pero admiten que parte de la actividad responde más a los precios del barril que a las exenciones impositivas.

Por su parte, representantes de los sindicatos petroleros sostienen que cualquier renuncia fiscal debe estar atada a compromisos concretos de empleo local y de inversión en áreas que hoy están marginales. “No se trata de regalar impuestos, se trata de que cada dólar que el Estado deja de percibir se traduzca en trabajo para los santacruceños”, señalaron.

El informe también evalúa el impacto en las regalías provinciales. Santa Cruz percibe un porcentaje de la producción en boca de pozo. Si el RIGI reduce la base imponible, las regalías podrían verse afectadas en el mediano plazo, aunque desde el sector empresario argumentan que el aumento de la producción compensaría esa pérdida.

En Río Gallegos, donde se discute el presupuesto provincial y el financiamiento de obras públicas, este tipo de definiciones fiscales nacionales se siguen con atención. Un menor ingreso por regalías hidrocarburíferas obligaría a ajustar el gasto público o a buscar otras fuentes de financiamiento, algo que afecta directamente a los empleados estatales y a los servicios que recibe la población.

El RIGI contempla inversiones mínimas de US$200 millones y ofrece estabilidad fiscal por 30 años. Hasta el momento, varios proyectos energéticos han manifestado interés en adherirse, aunque en Santa Cruz la mayoría de las iniciativas siguen concentradas en la reactivación de yacimientos convencionales antes que en megaproyectos.

El análisis concluye que, si bien el régimen puede acelerar algunas inversiones, el costo fiscal es significativo y una parte importante de los fondos se destinaría a proyectos que ya eran rentables. En la provincia, donde toda noticia económica se lee en clave de empleo, el desafío pasa por asegurarse de que los beneficios se traduzcan en más trabajo genuino y no solo en menor carga impositiva para las empresas.