El verdadero costo del descarrilamiento: vacíos legales que exponen a YCRT a pagar sobreestadías y lucro
Un vacío en los plazos de intervención del Estado nacional en los contratos de transporte de carbón de YCRT podría obligar a la empresa a afrontar millonarias indemnizaciones por demoras en los vagones y pérdida de producción. En Río Gallegos, el impacto se mide en puestos de trabajo y en el presupuesto provincial.
Un descarrilamiento en la línea ferroviaria que transporta carbón desde Río Turbio hasta el puerto de Río Gallegos no solo genera demoras operativas: expone a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a costos millonarios por sobreestadías de vagones y por lucro cesante si la intervención del Estado nacional no se concreta en tiempo y forma.
Según los contratos de transporte que rigen el movimiento del mineral, cada día de demora en la liberación de los vagones implica el pago de multas que superan los 2.000 dólares por unidad. Con formaciones de entre 30 y 40 vagones, un solo incidente puede derivar en cifras que rápidamente superan el millón de dólares si no se resuelve en las primeras 72 horas.
El problema radica en un vacío legal: el interventor designado por el Gobierno nacional tiene un plazo acotado para asumir el control operativo y autorizar las reparaciones o la contratación de servicios de emergencia. Si ese plazo se vence sin acción concreta, la responsabilidad civil y económica recae directamente sobre YCRT, que debe absorber los costos sin poder trasladarlos al Estado.
En Río Gallegos esto no es un detalle administrativo. La ciudad recibe parte de las regalías carboníferas y el movimiento portuario genera empleo directo e indirecto. Cada día que el tren no circula se traduce en menos horas trabajadas en el puerto, en los talleres de mantenimiento y en la propia mina de Río Turbio, que emplea a más de 1.200 trabajadores bajo el convenio colectivo de la actividad carbonífera. Desde la Cámara de Comercio de Río Gallegos advirtieron que el impacto se multiplica en la cadena de proveedores locales: talleres mecánicos, transportistas y servicios de catering para los turnos en la zona portuaria. “Cuando YCRT para, la provincia siente el golpe en el bolsillo”, graficaron.
El interventor de YCRT, designado en septiembre pasado, cuenta con facultades para declarar emergencia y contratar de forma directa servicios de grúa y reparación de vía. Sin embargo, la normativa vigente exige una serie de informes previos que, en la práctica, demoran más de diez días hábiles. Ese lapso es precisamente el que los contratos de transporte no contemplan como eximente de responsabilidad.
Especialistas en derecho administrativo consultados explican que el vacío se origina en la ley de intervención de 2021, que no previó mecanismos expeditivos para siniestros ferroviarios. Una modificación legislativa que se discute en la Comisión de Energía de la Legislatura provincial buscaría otorgar al interventor un “período de gracia” de 96 horas sin costo adicional.
Mientras tanto, los 1.200 trabajadores de YCRT y los cerca de 400 que dependen indirectamente del transporte del carbón en Río Gallegos esperan que el descarrilamiento se resuelva antes de que los números de las sobreestadías conviertan un accidente operativo en un problema presupuestario provincial.
Desde la Gobernación confirmaron que se mantiene contacto diario con el interventor para acelerar los trámites. “La prioridad es poner el tren en marcha y proteger el empleo”, indicaron voceros oficiales.
El próximo paso será una reunión entre el gremio, la empresa y autoridades portuarias prevista para el martes 13 en Río Gallegos. Allí se buscará acordar un protocolo de respuesta inmediata que evite que, la próxima vez, el verdadero costo del descarrilamiento termine recayendo sobre los santacruceños.